Fue a raíz de una acción de amparo promovida por dos vecinos de la ciudad, quienes demandaron el cumplimiento de la Ordenanza 8.218, vigente desde 2001. El Vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Marcelo Baridón, falló en mayo a favor de los amparistas y la sentencia fue confirmada al mes siguiente por el STJER.